Publicado el 8 de Diciembre de 2009.

Nadie duda hoy de que la banca privada y los banqueros han sido los causantes de la crisis que sufrimos. Su avaricia sin límite, sus inversiones especulativas, la acumulación irresponsable de riesgo, la generación artificial de deuda, su criterio de que todo vale con tal de ganar dinero, y también la permisividad de los poderes públicos con todo esto han sido los desencadenantes de una situación económica desesperada para muchas personas y empresas y para las arcas públicas de la mayor parte de los países.

Algunos bancos han sufrido los efectos de su desmesura y han quebrado, mientras que a la mayoría se les ha permitido maquillar sus pérdidas anotando en sus cuentas un valor irreal de sus activos.

Gracias a las ayudas del gobierno y a la contabilidad creativa permitida por el Banco de España, ningún banco español ha llegado a la situación límite de los de otros países. De momento, solo una caja de ahorros ha sido intervenida y alguna otra ha sido salvada de la subasta pública in extremis. Pero esta situación está llevando a propuestas tendentes a privatizar las cajas y que su funcionamiento se identifique de hecho y de derecho con el de los bancos privados.

A mi juicio se trata de un camino errado.
Lo que ha fallado clamorosamente en esta crisis ha sido precisamente el funcionamiento actual de la banca privada. Y si algo ha amenazado a las cajas ha sido, precisamente, que debiendo ser entidades al servicio de intereses sociales y públicos, hayan actuado erróneamente en estos años copiando el modo de actuar de los bancos privados.

Si algunas cajas están ahora mal es porque se alejaron de la función social, porque se dedicaron a inflar la burbuja especulativa, porque no se dedicaron a financiar la actividad productiva y el desarrollo regional auténtico.

Por eso la bancarización de las cajas es el camino equivocado. Y además, es un camino torticero. Porque, como acaba de denunciar Juan Ramón Quintás, Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), se quiere llevar a cabo sin pasar por el Parlamento en una maniobra dudosa para la salud de nuestra democracia.

El Presidente Zapatero ha dicho que abrirá el debate sobre la Ley de Cajas en junio de 2010. Para entonces, aún habrá más presión de la necesaria para acometer un debate de tanto calado debido a la situación de crisis económica y a la crispación política que desgraciadamente no parece vaya a remitir mientras el principal partido de la oposición no tome una posición más responsable y democrática.

Sin embargo, y a pesar de la crisis y la crispación, es importante comenzar el debate sobre las cajas lo más pronto posible para evitar que quienes han provocado la crisis y constituyen la verdadera amenaza de nuestro sistema financiero se lleven una vez más el gato al agua. Si las cajas hubieran sido auténticas entidades de servicio público en lugar de piezas clave en la especulación inmobiliaria de estos años, quizá ahora no habría que tratar de cambiar nuestro modelo productivo.

Quizá no se hubiera evitado del todo la burbuja inmobiliaria y la crisis pero sí que su impacto habría sido menor y nuestra economía y nuestro empleo no estarían ahora sufriendo tanto, y el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas y para los consumidores sería más fluido de cuanto lo es ahora.

Por eso, lo que hay que hacer es impedir que las cajas sigan comportándose como bancos y no lo contrario, como quieren los bancos para terminar quedándose con ellas.