Publicado el 20 de Octubre de 2009.

La manifestación antiabortista celebrada en Madrid el pasado sábado congregó a unas 250.000 personas según la Policía, a 1.200.000 para el gobierno de la Comunidad de Madrid y dos millones para los organizadores.
No creo que merezca la pena entrar en una polémica sobre el baile de números pero es fácil determinar quién está engañando a quién cuando se tiene tecnología de sobra para poder calcular desde satélites el espacio que ocupa cualquier congregación de personas. Para que hubiera asistido el número de personas que dicen los organizadores tendrían que haber habido 27 personas en cada uno de los 76.000 metros cuadrados de las calles ocupadas. Otra cosa es el dinero público que la Comunidad de Madrid ha puesto para asegurar el éxito de público en esta manifestación.

Por un lado, utilizó de modo vergonzantemente partidista la televisión pública. Retransmitió la manifestación en directo durante dos horas, con varias cámaras, y con periodistas y tertulianos que hicieron gala de demagogia. Así un profesor de Derecho hablaba de los jóvenes asistentes como “supervivientes” y una catedrática de bioquímica decía que el 80% de las mujeres que se suicidan, lo hacen por haber abortado.

Además, la Comunidad de Madrid financió el año pasado con más de 230.000 euros a siete de las asociaciones que convocaban la manifestación, cantidad que en gran parte han debido gastar en su organización, a pesar de que piensan recuperar lo invertido a través de un lucrativo merchandising de camisetas, banderas y fetos de plástico.
Es verdad que el gobierno de Madrid puede financiar a las asociaciones pro-vida que considere conveniente para que éstas luego se gasten ese dinero en manifestaciones en contra de leyes promovidas por el Gobierno de la nación y que cuentan con el respaldo mayoritario de españolas y españoles, pero tengo la seguridad de que respondería mejor a los intereses sociales si dedicara el dinero público a educación sexual y prevención.

Según ha denunciado el Partido Socialista, la cantidad que el gobierno de Aguirre dedica actualmente a educación sexual y prevención de embarazos no deseados es tres veces inferior a los 700.000 euros que invierten en la atención de adolescentes embarazadas, en gran parte en manos de los colectivos pro-vida. De hecho, hoy por hoy, no existe ningún centro de planificación familiar financiado por la Comunidad de Madrid, y la moción presentada por PSOE e IU el pasado junio en la Asamblea de Madrid para crear diez centros jóvenes de salud sexual y reproductiva, fue rechazada. En mayo de este mismo año, la Comunidad cerró la única línea telefónica gratuita que había sobre información sexual a jóvenes, traspasando ese servicio a centros de Atención Primaria. No puede ser una simple casualidad que, según datos del Ministerio de Sanidad, el 59% de las mujeres que abortaron en 2007, no había acudido a un centro de Planificación Familiar, aumentando hasta un 73% en el caso de Madrid. O que la tasa de abortos en la Comunidad de Madrid sea del 23,6 por cada 1.000 jóvenes, la más alta de toda España, y diez veces por encima de la media nacional. Allí donde los que se dicen antiabortistas invierten el dinero público en manifestaciones resulta que es donde hay más abortos.