La supresión del Ministerio de Igualdad es una prueba más de que nuestra clase política y la militancia que la apoya acríticamente tienen argumentos vacíos que les permiten justificar en cualquier momento una cosa y su contraria.

Frente a lo que ahora dice el Partido Socialista y ha venido afirmando la derecha, la desaparición del ministerio es un grave paso atrás en los avances en igualdad y en justicia social que se han venido dando en España en los últimos años promovidos desde el mismo gobierno socialista. Y lejos de suponer una medida económica acertada para salir de la crisis y para cambiar de modelo productivo, se ahonda en una de las causas estructurales de la crisis, la desigualdad.

El Ministerio de Igualdad nació con poco peso presupuestario, y en muchas ocasiones, se trató de una igualdad tutelada por la Vicepresidencia Primera del gobierno, que también curiosamente cambia ahora de titular. Pero, independientemente de su escaso presupuesto en torno al 0,3%, y el mismo de cuando era una Secretaría de Estado, al no adscribirse a un ministerio de familia, políticas sociales o trabajo, siempre tuvo un valor político de primer nivel. Ya que era el encargado de velar desde la más alta instancia de decisión política, el Consejo de Ministros, por la transversalidad de género que prevé la Ley de Igualdad de 2007 en la acción de todos los ministerios, de todas las políticas públicas y en el presupuesto.

Y lo tuvo también simbólico porque el impulso y la primera página que comenzaron a merecer los temas de la igualdad, incluso en su dimensión más polémica, contagiaron al resto de la sociedad tanto en el ámbito público como en el privado.

Y es por eso que ahora, al eliminarlo, se desactiva la alerta y se envía el mensaje a la sociedad de que se ha abierto la veda, y de que la igualdad no ha sido más que un adorno de progresía para conseguir votos, algo con lo que no es necesario cumplir siquiera desde las instituciones públicas como ha puesto de manifiesto la impunidad de las declaraciones machistas del alcalde de Valladolid o la falta de evaluación de impacto de género en las medidas contra la crisis del propio gobierno.

No se puede olvidar, porque no es una simple casualidad, que el Ministerio no se va solo, sino al mismo tiempo que otros organismos autonómicos de igualdad, en Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, y unido a una pérdida de peso de las mujeres en el gobierno de la nación, que dejan paso a los hombres como garantes de seriedad y estabilidad siguiendo los ancestrales estereotipos en los que se basa en gran medida la desigualdad entre las mujeres y los hombres.

El gobierno parece olvidar que las economías más avanzadas son aquellas en las que se garantiza de forma efectiva la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, y que va a ser materialmente imposible avanzar hacia un cambio de modelo productivo dando pasos atrás como éste. Por eso, esta medida no va a suponer solamente una simple degradación administrativa de una ministra, algo que seguramente nunca hubiera pasado de haber sido varón su titular, sino que se degrada el gobierno como tal y el proyecto que dice perseguir.