El proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado el pasado viernes 24 de septiembre por el Consejo de Ministros viene a ser una mala marcha atrás en varios e importantes aspectos.
Suponen un recorte presupuestario que va a debilitar aún más nuestra economía, provocan la ruptura de la política estatal de seguridad social en un aspecto que será problemático porque puede romper su caja única si no se toman medidas adecuadas y, aunque se ha querido presentar la subida del IRPF a las rentas del trabajo más elevadas como un avance social, lo cierto es que se deja prácticamente intacta la tributación patrimonial y de las rentas del capital que es la que verdaderamente podría darle más equidad a nuestro sistema fiscal. Y, por si todo esto fuese poco, también son unos presupuestos que implican una marcha atrás en las políticas de igualdad y en los avances en conciliación y corresponsabilidad en este país. El conjunto de las políticas denominadas familiares se encuentran entre las que van a sufrir mayores recortes en estos presupuestos. Así, las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia natural disminuyen un 12,42% y se recortan también las ayudas a las familias con escasos recursos como la ayuda por hijo a cargo. Y lo que posiblemente es aún peor es que si no se modifica el proyecto presentado en su trámite parlamentario, los presupuestos de 2011 incumplirán la Ley 9/2009, aprobada por unanimidad en el Parlamento español en octubre de 2009, que determinaba la ampliación del permiso de paternidad de las dos a cuatro semanas a partir del 1 de enero de 2011. Algo muy grave porque no se trata solo de llevar a cabo un recorte presupuestario sino de incumplir una ley aprobada en el Parlamento para suprimir un derecho previamente reconocido.
Esta decisión del gobierno de Zapatero es una manifestación evidente de regresión en materia de igualdad porque en términos presupuestarios es casi el chocolate del loro, solo ahorrará 200 millones de euros, y porque al mismo tiempo que se adopta se sigue manteniendo la posibilidad de declaración conjunta en el IRPF que se ha demostrado que supone un fuerte desincentivo a la actividad de las mujeres y que si desapareciera podría aumentar la recaudación en unos 2.000 millones de euros. Es decir, que se retrocede en igualdad sin que ni siquiera sea a cambio de generar más recursos.
Tal y como denuncia la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, la puesta en marcha del permiso de paternidad, aprobado por la Ley de Igualdad, ha sido la medida más efectiva para la corresponsabilidad porque fomenta tanto el reparto de tareas en la familia como la percepción social para los empleadores de que los hijos no son solo de las madres. Este permiso se lo toman aproximadamente un 80% de los hombres con derecho, y está ampliamente reclamado y aceptado por la población (según el Barómetro del CIS de Marzo de 2010, el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres españoles se muestra muy o bastante de acuerdo con ella). Este gobierno ha rizado el rizo ignorando políticas que él mismo había impulsado. Tal y como he dicho en más de una ocasión, esto ocurre porque la igualdad sigue siendo una cuestión de estética y no de ética y mucho menos de eficiencia y sostenibilidad económica.

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