En estos dos últimos días, los titulares de todos los periódicos resaltan la noticia de que el Comité de Basilea, que reúne a los gobernadores de los bancos centrales de los países que deciden, ha decidido exigir a la banca más reservas de capital para hacer frente a nuevas crisis financieras.

Se está queriendo presentar esta medida como un duro ajuste de los requisitos pedidos por los supervisores a la banca. Pero la realidad es otra. Ni la medida es drástica, ni se obliga a que los bancos la cumplan de un día para otro y, sobre todo, mantiene intactas las reglas de juego y el desmesurado poder de la banca que provocó la crisis financiera y que ha vuelto a renacer gracias a la reciente crisis de la deuda.

Por mucho que se diga, y no hace falta ser una experta en finanzas, no se trata de una medida dura con la banca. Los mínimos legales de depósitos de capital sobre el nivel de activos deberán pasar del 2% actual al 4,5% , el 7%, o incluso el 10,5% en los activos ponderados por riesgo. Aunque esto les obligue a reducir un poco la cuantía del reparto de dividendos o los bonos a sus ejecutivos, la realidad es que podrán seguir especulando en vez de dirigir la inversión hacia actividades más productivas y menos peligrosas para el conjunto de la economía aunque, claro está, también menos rentables.

Además, los plazos que tienen para ponerse al día en cuanto a los nuevos requisitos de capital (preferentemente antes de 2013, algunas antes de 2015, pero de forma obligatoria solo hasta 2018) son muy generosos, lo que va a permitir a las españolas, por ejemplo, que se deshagan sin problemas de las preferentes que emitieron para sustituir al capital y, quizá, que les de tiempo a inventar nuevos productos financieros para sortear dentro de poco las nuevas reglas.

Es del todo ingenuo pensar que todas estas medidas no han sido previamente pactadas con la poderosa banca, como se deduce de la satisfacción que han generado al conocerse, lo que también indica que las autoridades “independientes” de los bancos centrales no lo son tanto y que de nuevo han trabajado al servicio de los grandes señores de la banca (nunca mejor dicho, dada la gran escasez de mujeres en ese ámbito).

Pero lo más importante de estas medidas es que no entran en el asunto principal, es decir, en el tipo de actividad que vienen llevando a cabo los bancos en los últimos años, muy peligrosa e improductiva y que les da un poder enorme no solo sobre la economía sino sobre soberanía de los países y en el diseño de las reglas de juego internacionales. Así lo reconocía Felipe González al escribir el pasado domingo que “nada sustancial ha cambiado en el comportamiento real de las entidades financieras, salvo para cortar créditos a la economía productiva”.

Un fiasco más y muy lamentable, porque mientras no se cambien las reglas de juego seguiremos al albur de futuras crisis económicas que, como la que vivimos, tendrán efectos cada vez peores sobre la población de suyo más empobrecida, aumentando aún más las desigualdades entre ricos y pobres.

Controlar el poder de los bancos y su modo de actuar es un prerrequisito para evitarlas en el futuro pero ni los supervisores, ni los gobiernos parecen tener la intención o el poder para hacerlo. Por tanto, solo si la ciudadanía se empodera y exige el fin de una actividad bancaria tan antisocial y peligrosa como la actual, podremos empoderar a su vez a nuestros gobiernos y tener así un futuro económico más seguro y satisfactorio.