El Mundial de fútbol ha sido el interés prioritario de gran parte de la ciudadanía española en estas últimas semanas, atemperando el agrio debate político, tapando temporalmente los efectos de la crisis y de los recortes sociales o incluso haciéndonos olvidar la tan temida campaña de declaración de la renta en Hacienda. Pero ni siquiera ser campeones del Mundo de fútbol justifica que no nos percatemos de escándalos como el del presunto trato de favor por parte de la Agencia Tributaria a los ciudadanos españoles titulares de casi 3.000 cuentas opacas en Suiza que no habrían tributado lo correspondiente al fisco español en los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2008.
El hecho de que la información llegara a la Agencia Tributaria por un intercambio de información con el fisco francés, pero cuyo origen pudiera estar en el supuesto “robo” de datos confidenciales por parte de un antiguo empleado del banco HSBC Private Bank Suisse ha servido de justificación a las autoridades fiscales españolas para tomar como solución de este presunto fraude una vía también opaca.
La solución propuesta por la agencia española ha sido la de requerir a los titulares de las cuentas una declaración complementaria consistente en pagar un 20% de las cuantías defraudadas que se calcula superan los 6.000 millones de euros, evitando de esta forma la responsabilidad penal y las sanciones administrativas, a diferencia de cómo seríamos tratados el resto de los españoles y españolas si cometiéramos un fraude incluso mil veces menor.
El asunto ha sido denunciado por asociaciones de técnicos e inspectores de hacienda como Gestha o IHE que no entienden el trato de favor que supuestamente están recibiendo estos ciudadanos si verdaderamente han cometido un delito de evasión fiscal. Y Hacienda les responde diciendo que no se trata de una simple invitación a declarar pues si los contribuyentes en cuestión no presentan la declaración complementaria que se les ha requerido, comenzarán las actuaciones por la vía penal.
Aunque no soy experta en materias fiscales o penales, tengo entendido que lo único que libera de la responsabilidad penal en cuestiones fiscales es la regularización voluntaria, algo que no se da en este caso porque ha habido un aviso y presión previa por parte de la Agencia.
Así que no puedo evitar pensar que, contrariamente a lo que deberíamos esperar al vivir en un Estado de derecho, no a todos se nos aplican las leyes de igual manera. Y me parece especialmente grave que se de ese trato de favor a las grandes fortunas cuando se está llevando a cabo el mayor recorte de recursos y derechos sociales de nuestra democracia que necesariamente nos van a llevar a un aumento de las desigualdades sociales.
Todo indica que nos encaminamos hacia un modelo de Estado débil y cada vez más ajeno a las exigencias modernas del bienestar social, pero no porque falten recursos sino porque falta coraje político, voluntad de enfrentarse a las injusticias y porque, por el contrario, sobran demasiados privilegios hacia los ricos.