Los recortes anunciados por Zapatero han tenido según el CIS una aceptación muy desigual. Mientras que los recortes en pensiones y dependencia no parecen tener muchos adeptos, la supresión del cheque bebé y la reducción del sueldo de los funcionarios sí los tienen. Dejando a un lado el cheque bebé -medida fiscalmente regresiva y de efectos muy cuestionables en la igualdad de género-, lo que demuestra esta reacción es que la mayoría de la población tiene recelos contra el funcionariado y que aún no se ha enterado bien de quiénes han provocado la crisis. Por si fuera poco, los sindicatos convocan una huelga de funcionarios para el 8 de junio, ahondando en esa brecha entre trabajadores en el sector público y privado que no nos lleva a ninguna parte.

Sería bueno recordar que la existencia del funcionariado es una conquista del estado de derecho para garantizar la neutralidad de la administración del Estado y evitar el clientelismo. De ahí que cuando se reguló su existencia se diseñara el acceso a la función pública a través de una oposición. Puede que haya quien ha entrado en la función pública por la puerta de atrás, pero eso no es lo normal. Como tampoco lo es que los funcionarios no cumplan con sus obligaciones o que cobren mucho en relación al trabajo que desarrollan. De hecho, los salarios del sector público son siempre inferiores a los de sus homólogos en el sector privado, aunque eso sí, gozan de mayor seguridad en el empleo, algo muy apreciado en tiempos de crisis y paro pero no necesariamente en épocas de bonanza con salarios siempre congelados.

Por otro lado, y en contra de lo que interesadamente se divulga, España tiene un sector público en relación al PIB inferior a la mayor parte de los países europeos y también un porcentaje de empleados públicos sobre la población activa (9,5%) menor que los países más avanzados de nuestro entorno: 25.7 en Dinamarca, 17.1% en Francia o 14.8% en Reino Unido. Y por supuesto, también tenemos un Estado de bienestar subdesarrollado que no justifica en absoluto un recorte en dependencia o en pensiones mientras que, entre otras cosas, no se tocan las reducciones fiscales por pensiones privadas que benefician a las rentas altas y medias altas.

Aunque pueda considerarse que hay un problema relacionado con el gasto público, sobre todo como consecuencia de medidas tomadas en épocas de bonanza, como el cheque bebe o la devolución de los 400 euros, el problema principal de nuestra economía viene del lado de los ingresos, bien como consecuencia de la propia crisis o de medidas erróneas anteriores, como la eliminación de impuestos o las reformas fiscales regresivas de Aznar y el propio Zapatero. Por tanto, sería más lógico, más útil y por supuesto mucho más justo actuar ahora luchando contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida y, sobre todo, haciendo que los efectos de la crisis no recaigan sobre los mismos de siempre sino sobre aquellos que la han provocado y que ahora vuelven a ganar miles de millones gracias al dinero público, como demuestra el que el beneficio de las empresas del IBEX-35 con los bancos a la cabeza, haya aumentado un 25% el pasado trimestre. Y que no solo ganan más sino que cada vez tributan menos porque en las medidas propuestas (ni en las contrapropuestas del Partido Popular) no hay ninguna que implique más igualdad y mayor justicia fiscal.