Uno de los temas que más me gusta explicar en clase a mis alumnos de administración y dirección de empresas, economía o ciencias políticas, es la importancia que para el desarrollo económico ha tenido y tiene el establecimiento de una fiscalidad moderna. Sencillamente les explico lo bueno que es pagar impuestos, siempre y cuando éstos se recauden bien –que los que más tienen aporten proporcionalmente más, que no se desincentive la actividad económica y que se combata el fraude fiscal–, y se gaste también bien, con la intención de aumentar el bienestar de todas y todos, y no sólo de unos pocos, y para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de toda la ciudadanía.  Me gusta ver cómo a lo largo del curso, van cuestionando ese convencimiento tan español de creer que pagar impuestos es inútil, casi un robo, y que hace de España el país donde se estima existe mayor fraude fiscal de toda la Unión Europea (pero claro, también con uno de los más bajos estándares de bienestar social entre nuestros socios comunitarios). El fraude fiscal español se sitúa entre el 20 y el 25%, el doble que la media de la UE, y lo vemos todos los días cuando en el mercado nos ofrecen servicios u operaciones sin factura, facturas sin IVA, u operaciones con una parte en negro, y nos creemos muy listos por ahorrarnos un dinerillo. Me gusta hacer ver a mis alumnos lo negativo que es para todos la extensión de esa cultura. O la falacia de las promesas electoralistas sobre bajadas de impuestos porque dependiendo como sean pueden favorecer a minorías o a mayorías. Les alerto sobre las diferencias entre los impuestos directos y los indirectos que afectan a todos por igual, independientemente de la renta que se posea. Cuando lo hago me siento útil y orgullosa de mi profesión, de la importancia de la educación en un sentido amplio y considero que en la medida de lo posible devuelvo a la sociedad lo que ésta ha invertido en mí. Y es por eso que ahora estoy enfadada con la reforma que se ha anunciado.

 En mi opinión es un debate errático en donde nada se concreta y donde todo parece un despropósito. El gobierno nos deja sin fuerzas a quienes queremos una sociedad más justa con un sistema impositivo a su servicio y no al de los más ricos. Cuesta trabajo defender desde estas convicciones a un gobierno que más que timidez parece tener miedo a legislar a favor de los contribuyentes más débiles y a acabar de una vez con la vergüenza que supone que en España los multimillonarios apenas si paguen impuestos directos.

Es el gobierno que dice que ahora que hay que subir los impuestos por “razonable y solidario”, el mismo que ha eliminado el impuesto del patrimonio. El mismo que ha dicho que las SICAV van a seguir tributando un 1%, cuando es notorio que se han convertido en un instrumento de las grandes fortunas para gestionar su patrimonio y eludir el pago de impuestos.

La verdad es que en los últimos años ha habido una coincidencia esencial en los dos partidos mayoritarios a la hora de hacer reformas fiscales regresivas que han beneficiado más a quienes reciben rentas del capital y a los que perciben más ingresos, como se ha puesto de relieve en varios estudios del Instituto de Estudios Fiscales. Por eso también suena a pura demagogia la oposición del Partido Popular a los proyectos fiscales del gobierno. Lo que hace falta es más seriedad, compromisos con los débiles más sincero y efectivos y menos concesiones a los poderosos. No es poco pero se podría conseguir si los ciudadanos fuésemos más conscientes y usáramos nuestro poder.