El tema de las pensiones lleva ya semanas en el candelero. Hace unos días el bocado lo sirvió bien caliente el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al declarar que él tiene un plan de pensiones privado y que recomienda a los españoles hacerse con uno.

Menos mal que después se han matizado las propuestas porque apostar por un sistema de pensiones privadas supone, a título personal, hacerlo por una alternativa más arriesgada y costosa, y a nivel general, por un sistema más injusto y gravoso para el conjunto de la sociedad que las pensiones públicas.

Los sistemas públicos de pensiones no sólo son más equitativos y solidarios, sino que proporcionan mayor estabilidad económica y pensiones más seguras y cuantiosas que un sistema de ahorro privado, salvo, claro está, a las clases altas que tengan elevados niveles de renta.

Lo que conocemos como planes de pensiones privadas son en realidad ahorros que quienes pueden ahorrar van destinando a fondos que sus propietarios invierten en los mercados financieros, donde se busca rentabilidad a través de inversiones cada vez más arriesgadas y eso es lo hace que de vez quiebren, como pasó hace poco más de dos años en Estados Unidos, cuando el liberal George Bush tuvo que encargar a una agencia pública que se hiciera cargo de la quiebra de los fondos privados de pensiones.

De hecho, la publicidad de estos fondos es bastante engañosa porque ninguno puede garantizar las ganancias ya que su rentabilidad depende de lo que ocurra en los mercados y no de un hecho cierto.
Para apoyar a los fondos privados también suena de nuevo el runrún de que las pensiones públicas son insostenibles sobre todo, dicen, por el envejecimiento de nuestra población.

Otro juicio discutible, porque la verdad es que la sostenibildiad del sistema público de pensiones depende de otros factores, además del demográfico y, sobre todo, de voluntad política. La misma que desde hace años permite que nos desgravemos fiscalmente por tener planes de pensiones privados y por lo que el Estado deja de percibir un 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta, lo que supone una financiación pública de los planes de pensiones privados justo cuando se dice que no hay dinero para las públicas.

Entre otros factores, la viabilidad de las pensiones públicas depende de la tasa de actividad y empleo femenina.

Las responsables políticas en materia de igualdad de 17 países miembros de la Unión Europea que se reunieron hace poco en Cádiz convocadas por la presidencia española aseguraron que “la igualdad plena de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral garantizaría los sistemas de seguridad social y pensiones de los países miembros de la Unión Europea”.
España tiene una de las tasas de actividad femenina más bajas de los países de la OCDE y todavía existe una fuerte discriminación contra las mujeres en el mercado y en la familia que, entre otras cosas, hace que no aumente más nuestra natalidad. Así que para garantizar la viabilidad de nuestras pensiones públicas lo que se necesita no es ni aumentar la edad de jubilación, ni bajar su cuantía ni apostar por los fondos privados, sino avanzar en igualdad, avanzar en esa economía de la igualdad que el Presidente Griñán anunció el otro día.