El origen de las democracias modernas está precisamente en el triunfo del control parlamentario sobre el presupuesto. Tuvo que darse en Inglaterra una guerra civil y luego una “gloriosa revolución” –pacífica–, la de 1688, para que se instaurase la primera monarquía parlamentaria del mundo que dejaba el gobierno en manos del parlamento, despojando a los monarcas del control sobre el presupuesto.

Y es que el presupuesto es una herramienta fundamental, si no la más, de la voluntad política. En las democracias modernas, los presupuestos tienen que ser aprobados en sede parlamentaria donde están los representantes de la voluntad popular.

Es por ello que me resulta tan preocupante el anuncio que hizo la pasada semana el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Oli Rehn, al señalar que un órgano tan opaco como la Comisión Europea podría revisar los proyectos presupuestarios que elabore cada país de la UE antes de que los aprueben sus respectivos parlamentos.

Para el Primer ministro Luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, esta medida es simplemente “una cuestión de información” para ver si las cuentas van “correctamente encaminadas” o es necesario “influir” en ellas pero no lleva razón: la medida significa mucho más que eso.

Es cierto que actualmente el control ciudadano sobre los presupuestos públicos es limitado porque el protagonismo de su diseño y orientación recae en mucha medida sobre el gobierno, pero aún así el proceso de aprobación del presupuesto es transparente, con luz y taquígrafos, y permite a la ciudadanía opinar sobre él, aunque las más de las veces lo haga condicionada por los medios de comunicación y los lobbies a los que representan. De hecho, uno de los avances democráticos más importantes de los últimos años han sido los llamados presupuestos participativos, –además de los que se realizan en clave de género– que tratan de implicar mucho más a la ciudadanía en su elaboración y control.

La propuesta de la Comisión es un atentado contra la democracia porque afecta a la soberanía de los estados en un aspecto esencial y básico. La representación libremente elegida por la ciudadanía a través de unas elecciones parlamentarios es la única que puede elaborar y modificar unos presupuestos y solo a ella debe corresponder la orientación que vayan a tener: ¿de qué sirven si no las democracias si no nos dejan pronunciarnos sobre los aspectos que más decisivamente afectan a nuestro bienestar?

Otra cosa sería, como yo creo que es deseable, que Europa avanzase hacia la unión política y fuese más allá de un simple mercado en donde las grandes corporaciones se ahorran costes para ganar más dinero. Porque en ese caso, un poder superior europeo no estaría entrometiéndose en la soberanía de los estados ni limitando el poder decisorio de su ciudadanía, sino que estaría expresándose como una auténtica democracia.

Me alegro de que el gobierno español no haya secundado la propuesta pero habrá que ver hasta donde llegan las presiones que tarde o temprano aparecerán.