El “Sí, nosotros podemos” que llevó a Obama a la presidencia del país más poderoso de la Tierra se quedó al final en un poco menos.

El pasado domingo, y tras un año de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos aprobó por 219 votos a favor y 212 en contra la reforma sanitaria propuesta por Obama. Supone un cambio de envergadura pero deja a la vista las entretelas de la política y la democracia en aquel país.

Su aprobación se ha interpretado en todo el mundo como un avance sin precedentes en la historia norteamericana y como un triunfo del liderazgo de Obama aunque para que haya podido ser aprobada la reforma se ha descafeinado, en algunas partes, hasta igualarla a la mucho más corta y antisocial que proponían los republicanos que, en realidad, nunca la quisieron.

En contra de lo inicialmente propuesto por Obama no se va a financiar con impuestos progresivos y particularmente sobre las rentas muy elevadas sino por las rentas de las clases trabajadoras, lo que supone una opción muy regresiva y que seguramente tenga un alto coste electoral para los demócratas.

En lugar de llevar al establecimiento de un auténtico servicio público sanitario, más o menos al estilo de los que tenemos en Europa, se ha optado finalmente por el fortalecimiento de las pólizas y sistema privados de aseguramiento y el mantenimiento del sistema que permite que las aseguradoras privadas (en el país que tanto alaba a la libre competencia) sigan actuando como auténticos monopolios en los diferentes estados, lo que demuestra que su enorme poder les ha permitido finalmente sortear con éxito la reforma para que ésta no ponga en peligro sus impresionantes privilegios y beneficios. Y lo que evidentemente tiene como inconveniente el que la posibilidad de lograr una cobertura auténticamente universal del derecho a la atención sanitaria no esté del todo asegurado.

Lo curioso del proceso es cómo los grandes núcleos del poder sanitario privado de aquel país logran hacer creer que la sociedad no quiere avanzar hacia la socialización de los servicios sanitarios, cuando las distintas encuestas que se han llevado a cabo estos últimos años muestran como mientras que solo un 29% de la población de Estados Unidos está a favor de la expansión del gasto público en Defensa, mientras que el 79% lo está en la expansión del gasto público sanitario, un 69% en educación y otro 69% en pensiones públicas.

También se sabe que la gran mayoría de la población está harta del matrimonio entre el mundo empresarial y financiero y la clase política lo que los desincentiva enormemente en su participación democrática, como ponía de relieve el Rasmussen Report del año 2009 que señalaba que dos terceras partes de la población estadounidense cree que las grandes empresas y el gobierno federal trabajan juntos en contra de los intereses de la población, la misma proporción que cree que las injusticias sociales son el principal problema moral del país.

Todo eso es lo que explica que, siendo tan realmente deseada, la reforma no llegue finalmente muy lejos y que, a pesar de quedarse tan corta, se considere un triunfo tan importante. Cosas de la democracia sometida a las grandes empresas.